La secretaria general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, solicita implicación a las entidades para que no se quede "sin cumplir ni una condena"

Á. R. | ACTUALIZADO 06.11.2008 - 01:00

Alrededor de 700 presos están a la espera de realizar en Córdoba capital trabajos en beneficios de la comunidad, una cifra elevada que ayer llevó a la secretaria general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, a solicitar la implicación a las instituciones "para que no se quede sin cumplir ni una sola condena". La última reforma del Código Penal que considera delitos las infracciones de tráfico ha provocado que en el último año se multipliquen las condenas a trabajos sociales, pero Instituciones Penitenciarias no cuenta con todos los recursos necesarios para ejecutar las penas.

"Es muy importante que la comunidad se comprometa", insistió Gallizo, quien puso al Ayuntamiento de Córdoba como "ejemplo" de implicación. El Consistorio, en concreto, suscribió hace meses un convenio con el centro penitenciario que habilita 40 plazas para los internos. "En materia de seguridad no hay competencias exclusivas, sino responsabilidades compartidas", concluyó la responsable del Ministerio del Interior, quien recordó que la "razón profunda" del sistema de cumplimientos de pena es "la recuperación de las personas".

Gallizo hizo ayer un repaso por algunos de los principales problemas del sistema penitenciario, como la masificación de las cárceles o el tráfico de droga. Sobre este asunto, la secretaria general aseguró que la lucha contra la drogadicción de los presos es un "objetivo prioritario", debido a que la adicción es el "principal problema" de la población reclusa y los delitos contra la salud pública son mayoritarios en las estadísticas de criminalidad. Gallizo defendió que Instituciones Penitenciarias hace "todo lo que está en su mano" para combatir el consumo de drogas y argumentó que en las prisiones se llevan a cabo programas de intervención y deshabituación para los internos que consumen drogas, al tiempo que se controla que no se introduzcan sustancias ilegales en la prisión. "A veces, es imposible vigilar al cien por cien" cuando los internos regresan de un permiso o reciben una visita, reconoció.

El centro penitenciario de Alcolea, por otra parte, está a punto de alcanzar la barrera de los 2.000 internos, lo que supone duplicar la capacidad para la que fue diseñado. Sobre este problema, apuntó que la construcción de cárceles tiene como fin evitar la masificación y dijo que Instituciones Penitenciarias trabaja para "mejorar" las condiciones de los centros. También apostó por la política de dispersión de los presos etarras.